El día de hoy, 16 de octubre de 2018, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó el estudio Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el sistema público de salud, coordinado por el Dr. Mauricio Hernández Ávila. El trabajo comprende cuatro estudios de caso que documentan problemas en vacunación, atención a la diabetes, hospitales de alta especialidad y comunicación social. A lo largo de la semana, estos casos podrán ser consultados en el sitio https://saluddeteriorada.contralacorrupcion.mx/. Hoy se publica el de las vacunas. 

La vacunación es una de las acciones de salud pública más efectivas para prevenir enfermedades y una obligación indeclinable del Estado. Sin embargo, en México no hay certeza sobre la cobertura y la oportunidad con la que se aplican las vacunas a los niñ@s durante su primer año de vida (cada año nacen 2.3 millones de niñ@s en México). 

Salud deteriorada evidencia importantes deficiencias en la política de vacunación y su cobertura. Entre los hallazgos más importantes se encuentran los siguientes:  

  1. Falta de indicadores de eficiencia y abasto. La Secretaría de Salud (SSA) no cuenta con un sistema nominal y universal que permita conocer la cobertura de vacunación.
  2. Falta de certeza en la cobertura oportuna. La metodología que el gobierno mexicano utiliza para calcular la cobertura de vacunación se presta a sobreestimaciones relevantes. Las cifras oficiales indican que 90.7% de los niñ@s menores de un año tienen completo su esquema de vacunación. En contraste, Salud deteriorada estima que la cobertura promedio alcanza apenas a 60% de los niñ@s.  

Otras fuentes, que incorporan el tema crucial de que los niñ@s reciban una vacuna con oportunidad, arrojan incluso coberturas menores para México. Datos obtenidos de la plataforma www.vacunalos.net, operada en conjunto por la Fundación Carlos Slim y la SSA, sugieren que la cobertura oportuna promedio en octubre 2018 es de 47.7% en infantes menores de un año. Por su parte, la UNICEF estimó en 2015 una cobertura oportuna promedio de 34.3% para esa misma población. 

Estas cifras se traducen en que hasta 65.7% de los niñ@s pudieran no tener su esquema completo o haberlo recibido tardíamente y, por lo tanto, en riesgo de enfermar. En contraste, la SSA admite únicamente que 9.3% de los niñ@s menores de un año están en riesgo por enfermedades prevenibles con vacunas. 

  1. Diseño institucional sin contrapesos. Las instancias gubernamentales encargadas de la planeación e implementación del programa de vacunación tienen también a su cargo la supervisión y la evaluación de dicho programa. Al ser “juez y parte”, se dificulta la rendición de cuentas. 

Ante este panorama, el estudio propone seis acciones para garantizar el derecho a la salud de los niñ@s en México: 

  1. Desarrollar convenios jurídicamente vinculatorios para mejorar la rectoría y la calidad del programa nacional de vacunación, e incluir indicadores de cobertura nominal. 
  2. Integrar indicadores que permitan distinguir entre cobertura oportuna de vacunación tardía (de rescate), tal como lo ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2015.* 
  3. Impulsar la inclusión del registro nominal de vacunación en la Ley General de Salud dando seguimiento a su implementación y observancia.*
  4. Continuar con la instrumentación de la cartilla electrónica, extenderla para hacerla sectorial y dar acceso a los datos.* 
  5. Separar la operación de la evaluación del programa de vacunación para eliminar el conflicto de intereses y mejorar la rendición de cuentas. 
  6. Evaluación de las acciones de promoción de la vacunación, y ampliar la difusión y el acceso a dichas evaluaciones. 

Salud deteriorada también aporta evidencia sobre prácticas monopólicas, compras fragmentadas y pago de diversas vacunas a sobreprecio. Si se utilizaran los esquemas de compra del Fondo Rotatorio de la OPS para las vacunas contra la hepatitis B, triple y doble viral, BCG (tuberculosis), rotavirus y virus del papiloma humano (VPH), se podrían ahorrar aproximadamente 180 mdp al año. Por otro lado, el monopolio en la venta de la vacuna antirrábica usada en campañas masivas de vacunación, ha propiciado compras a un sobreprecio de hasta 400% de su valor de mercado. Sólo en este rubro, el gobierno se podría ahorrar hasta 168 mdp adicionales cada año. 

* Señala áreas en las que la SSa ya está trabajando.